Opinion Tras el caso de Index en Hungría

No hay impunidad para las violaciones de la libertad de prensa en Hungría

El cierre de facto de Index, uno de los últimos medios de comunicación independientes en Hungría, tras el despido de su redactor jefe constituye una falta de respeto más para con la libertad de prensa. La concesión de fondos de la UE a Budapest debería condicionarse a este respecto.

Publicado en 29 julio 2020 a las 15:16
Gábor Bankó | 444.hu  | "País libre. Prensa libre". En un mitin en solidaridad con Index. Budapest, 24 de Julio 2020.

Los líderes de la UE apenas habían regresado de una cumbre maratoniana europea cuando fue despedido Szabolcs Dull, redactor jefe de Index.hu, una cadena informativa líder en Hungría. 

El gobierno húngaro sostiene que no se trata de una injerencia en la libertad de prensa porque «los reporteros pueden escribir lo que gusten». En su visita a Portugal, el ministro de Asuntos Exteriores Peter Szijjártó declaró en una conferencia de prensa: «¿Cómo podría intervenir el Estado en las decisiones de un medio de comunicación privado?»

Es simple. Los amigotes de los gobernantes adquieren la mayoría de las acciones de las compañías que albergan las plataformas. Enseguida, las plataformas pierden los ingresos publicitarios del gobierno, lo cual se usa para crear rivales. Luego se despide al redactor jefe bajo la justificación de que el medio de comunicación no es comercialmente viable.

László Bodolai, director ejecutivo de la sociedad matriz, le confió a la redacción que se había despedido a Dull «por razones personales». Un artículo de Reuters cita a Bodolai de la siguiente manera: «Dull había sido incapaz de controlar las tensiones internas en la sala de redacción, lo que condujo a una desorganización y a una caída de los ingresos mientras los anunciantes mantuvieron su distancia».

Lo cierto es que la decisión no fue ni comercial, ni personal, sino política. Esto fue evidente para los 80 (de 90) periodistas que presentaron su renuncia tras el despido de Dull, y también para las miles de personas en Budapest que salieron a la calle a protestar.

Cuando Szabolcs Dull se dirigió a los editores después de su despido, dijo: «Index es una poderosa fortaleza que ellos (el gobierno) pretenden derribar».

Istvan, un joven de 30 años que se unió a la marcha de protesta desde las oficinas centrales de Index hasta la oficina del primer ministro Viktor Orbán, en el Castillo de Buda declaró: «No estamos aquí necesariamente porque nos gustase Index, pero hemos llegado a un punto en el que el acceso a la información se encuentra en peligro».

En los últimos años, los medios independientes húngaros poco a poco se han ido castrando.

La página web de seguimiento Hungarian Spectrum informa que muchas plataformas «han desaparecido o han sido compradas por oligarcas, muy probablemente con asistencia encubierta del gobierno mismo, y agregadas a la colección de medios de comunicación afines al gobierno».

Pese a su declive, según la clasificación de Reporteros Sin Fronteras, Hungría sigue ocupando tan solo el segundo lugar entre los peores Estados miembros de la UE en el ámbito de la libertad de prensa (Bulgaria se encuentra a la cabeza de esta vergonzosa lista).

Pero ya sea en Hungría, en Bulgaria o en cualquier otro país de la UE, ¿acaso la Comisión Europea no debería poner fin a los abusos a la libertad de prensa en Europa?

Con más de un millón de lectores al día, Index representaba más de la mitad de todas las consultas diarias de páginas web en el sector de los medios independientes húngaros. Según el International Press Institute [Instituto de Prensa Internacional], se trataba de un pilar para la libertad de prensa en Hungría.

El caso de Index ilustra bien la forma en la que Viktor Orbán y su partido Fidesz han logrado ejercer cada vez un mayor control sobre los medios de comunicación en Hungría.

A través de una compleja estructura de gestión, Index pertenece a una fundación encargada, en teoría, de salvaguardar su independencia editorial.

Justin Spike, reportero del medio de comunicación independiente Insight Hungary, explica que «durante muchos años, varios ejecutivos vinculados con el gobierno acecharon la estructura de la propiedad de Index, sin embargo, la página logró preservar un control editorial redacción».

No obstante, el responsable de controlar la manera de obtener los ingresos publicitarios era la sociedad matriz y no Index. Esto se realizó mediante una compañía de relaciones públicas llamada Indamedia.

En marzo de 2020, Miklós Vaszily, un aliado cercano de Orbán, compró Indamedia. Miklós Vaszily tiene ya sus antecedentes. En 2014, se encargó de la adquisición de Origo, otro sitio de prensa en línea. Tras la publicación de un artículo que alegaba una malversación de fondos por parte de un funcionario público senior, Vaszily despidió al redactor jefe. Desde entonces, Origo ha adoptado una postura oficialista.

En respuesta a la adquisición de Indamedia por parte de Vaszily, Szabolcs Dull estableció un barómetro virtual tricolor con el fin de alertar a los lectores sobre la independencia amenazada de Index. El verde era para «independiente», el rojo para «no independiente» y el amarillo para «en peligro». 

En junio, tras la designación de Gábor Gerényi, otro compinche de Orbán, como consejero de Indamedia, el consejo de redacción modificó el estatus de Index a amarillo. Fue en ese punto que Szabolcs Dull se vio forzado a partir.

¿Cómo proteger la libertad de prensa en un Estado miembro de la Unión Europea en donde se han eliminado los controles y el equilibrio democráticos?

En primer lugar, debemos abordar el inmenso desequilibrio entre los medios independientes y aquellos controlados por el gobierno húngaro.

Tanto las distorsiones del mercado como el uso ilegítimo de las ayudas del Estado se encuentran bien documentados en Hungría. Por ejemplo, la Comisión Europea está actualmente investigando si la decisión del gobierno húngaro de concederle a Samsung una ayuda estatal de 108 millones de euros para construir una unidad de producción de la batería SDI en Hungría violaba las normas relativas a las ayudas del Estado.

Al iniciar la investigación Samsung, la comisaria de Competencia Margrethe Vestager aclaró que «la financiación pública solo debería concederse en caso de necesitar generar una inversión privada. De lo contrario, el beneficiario solo obtiene una ventaja injusta con respecto a sus competidores, a expensas de los contribuyentes.»

No hace falta ser un experto en comunicación para darse cuenta de que el panorama mediático húngaro está totalmente sesgado a favor de los medios de comunicación controlados por el Estado. Únicamente los inversores a favor del gobierno pueden obtener una banda de frecuencia para poder retransmitir. 

El Consejo de Medios de Comunicación de Hungría, que en teoría debe, entre otras cosas, salvaguardar los estándares de retransmisión, está completamente controlado por personas designadas por el Fidesz. En otras palabras, las decisiones que toma el Consejo de Medios de Comunicación sirven los intereses políticos del Fidesz.

Mediante grandes vallas publicitarias, el gobierno promociona sus propios medios de comunicación, en los que se incluye propaganda, bulos y contenido diseñado para manipular y controlar al público para que respalde la política de gobierno. 

Despojados de los valores del servicio de radiodifusión pública, los medios controlados por el gobierno se sirven a diario de una gran cantidad de noticias falsas. De hecho, el gobierno está tan acostumbrado a distorsionar la difusión de información que no hay necesidad (ni rastro) de interferencias rusas. 

Si la Comisión Europea se decidiese a tomar cartas en el asunto sobre los abusos a los medios de comunicación en Hungría, podría empezar por analizar la estructura de la propiedad de los medios de comunicación y la malversación de fondos públicos bajo la normativa vigente de competencia. A pesar de que en varias ocasiones se ha solicitado una investigación, aún no se han iniciado dichos trámites.

En segundo lugar, la UE debería aprobar una condicionalidad mucho más estricta con respecto al uso de los fondos de la UE en Hungría y otros Estados miembros, como Polonia, donde existen pruebas evidentes de violación de los derechos humanos y democráticos, como el incumplimiento del Estado de derecho. 

El despido de Szabolcs Dull días después de la cumbre de la UE no llega por sorpresa. Como el Consejo no pudo garantizar una cláusula de condicionalidad para los criterios de desembolso del fondo de recuperación, se dio luz verde a Orbán para continuar con sus abusos democráticos.

En mayo, la comisaria Vera Jourová, vicepresidenta de Valores y Transparencia envió un mensaje de apoyo a Index. 

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«Lo que hacéis, los valores por los que lucháis, la libertad mediática y el pluralismo son esenciales para la democracia,» dijo la comisaria en su mensaje, «tenéis todo mi apoyo». 

En tercer lugar, la Comisión debería acceder a la petición del Parlamento Europeo para triplicar el programa Derechos y Valores de la Comisión y así apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para supervisar y luchar contra los abusos de los derechos humanos y democráticos. 

Si no se imponen ciertas condiciones a Hungría sobre la gestión de los fondos europeos, si no se controla si esos fondos se utilizan legítimamente desde el punto de vista de la normativa de competencia, ¿quién alzará la voz y luchará por la libertad? 

Si el gobierno priva de oxígeno a gran parte del panorama mediático independiente porque no le gusta lo que tienen que decir sobre ellos, ¿quién quedará para informar sobre los abusos gubernamentales? 

En cuarto lugar, la Unión Europea debe insistir en que Hungría forme parte de la Fiscalía Europea, para que las acusaciones de malversación de, por ejemplo, los fondos europeos, se puedan investigar de manera independiente.

Lo sucedido en Index es un síntoma de lo que está pasando en otros sectores de la economía, donde una serie de empresarios (incluyendo a familiares de Orbán) han ido adquiriendo una gran importancia desde 2010, y ahora se benefician de más del 25% de todas las contrataciones públicas efectuadas con fondos de la UE.

Orbán niega las acusaciones de corrupción y dice que estas se deberían comunicar a las autoridades, unas autoridades que están controladas por personas designadas por el Fidesz.

Por último, la UE debe iniciar una investigación exhaustiva a Hungría de conformidad con el artículo 7 [del Tratado de la Unión Europea]. ¿Qué mejor indicio de mea culpa puede haber que el intento de Orbán en julio de chantajear a la UE para que esta abandonase la investigación de violaciones al Estado de derecho en Hungría a cambio de su apoyo al fondo de recuperación?

El futuro de Szabolcs Dull y el de los 80 periodistas que abandonaron Index como protesta por su despido es otro signo de que Hungría está sucumbiendo al autoritarismo. 

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