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“Es por su seguridad”. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase en los últimos años? Esta afirmación, utilizada para justificar una negativa, una espera o una traba en nuestros desplazamientos, obstaculiza nuestras vidas desde que se declaró la “guerra al terrorismo”.
También por “nuestra” seguridad (sobre todo la de los ciudadanos estadounidenses) la Agencia de Seguridad Nacional espía las comunicaciones de sus conciudadanos y la actividad en la web de cientos de millones de personas en el extranjero (mediante el programa PRISM), con la complicidad del GCHQ británico, como revelaron los diarios The Washington Post y The Guardian en una de las exclusivas más destacadas del siglo. La clave es que todo lo que rodea a estas actividades está envuelto en el secreto: desde los tribunales que autorizan las escuchas, hasta los políticos que siguen los procedimientos.
Pero en democracia, la distorsión de las libertades únicamente es admisible si los ciudadanos dan su consentimiento, a ser posible de un modo informado, y éstos deben poder ejercer un control mediante los órganos representativos. Si bien para la mayoría de estadounidenses renunciar a su vida privada es un precio aceptable a pagar por su seguridad, no es el caso de los europeos. No sólo son el principal objetivo del programa PRISM, sino que además, no cuentan con ningún medio de control democrático sobre las entidades que les espían. Y por supuesto, nadie les ha pedido su consentimiento.
Los riesgos de que se produzcan desviaciones son demasiado grandes para que podamos fiarnos únicamente de las buenas intenciones de las “grandes orejas” al otro lado del Atlántico y al otro lado del Canal de la Mancha para que no abusen de su poder. Por otro lado, la amenaza terrorista no puede ser el pretexto eterno, como la guerra perpetua de 1984, para justificar el mantenimiento de un dispositivo de espionaje global. Porque resulta difícil resistirse a la tentación de emplear este dispositivo con otros fines muy concretos, como el espionaje comercial.
Por ello, es fundamental que la UE finalice lo antes posible la revisión de la directiva sobre la protección de datos personales y que apruebe rápidamente la reforma de su legislación en la materia. Dicha reforma, que se propuso en 2012, sigue siendo objeto de negociaciones entre los Veintisiete, a los que les cuesta encontrar el equilibrio idóneo entre seguridad y libertad.
