Análisis Pacto europeo sobre inmigración y asilo

Los abogados de los refugiados denuncian “Una devastadora erosión de los derechos”

Si se aprueban las propuestas presentadas por la Comisión Europea para el Pacto de Inmigración y Asilo, ello tendrá un impacto sobre la vida y el trabajo de diversas categorías de personas. Para esta serie de artículos hemos hablado con cuatro profesionales, abogados expertos en derecho de asilo e inmigración.

Publicado en 18 noviembre 2020 a las 16:44

Dominique Andrien me avisó: como muchos abogados que trabajan en el sector del derecho de asilo e inmigración, todavía no ha tenido tiempo de sumergirse en la lectura del Pacto sobre la Inmigración y Asilo presentando por la Comisión Europea el pasado 23 de septiembre.  Responsable de un despacho de abogados en Lieja, en Bélgica, Andrien empezó a trabajar hace treinta años, cuando “era raro que un abogado invocase el derecho europeo”. Ahora este derecho es omnipresente, aunque los elementos positivos que ha conllevado —en particular para la defensa de los derechos fundamentales de los extranjeros— a menudo son ignorados por los Gobiernos y por las autoridades nacionales. Los estados miembro, a través del Consejo de la Unión Europea, intentan introducir, en los reglamentos y en las directivas, posturas políticas cada vez más inconciliables con los derechos fundamentales sobre los cuales debería fundarse la UE. Así toda nueva propuesta de la Comisión es el resultado de compromisos a la baja entre los estados miembro y, por ello, es acogida con desconfianza por parte de los abogados. 

Entre estos letrados está el también belga Tristan Wibault. “Estoy a la espera de entender qué pasará con las propuestas contenidas en el pacto, pero de momento parecen estar en la línea de los que ya existe. En los últimos años, hemos asistido a una multiplicación de procedimientos diferenciados y a una multiplicación de casos en los que se acortan los derechos de recurso”, explica. El pacto propone reducir aún más los tiempos, en particular para las apelaciones hechas en el marco de los procedimientos de asilo en las fronteras. 

El enfoque ‘hotspot”

El énfasis puesto sobre las fronteras es uno de los aspectos que más preocupan a la abogada italiana Anna Brambilla, integrante de la Asociación para los Estudios Jurídicos sobre la Inmigración (ASGI, por sus siglas en italiano). Ella ejercita en un país que, como Grecia, ha ensayado el ‘enfoque hotspot’, y por ello conoce bien el impacto que esto ha tenido sobre los derechos de las personas: “Antes podíamos dar informaciones legales de forma directa, durante los encuentros y las reuniones. Ahora esto no es posible. Nos hemos tenido que inventar nuevas maneras de comunicar, a menudo de manera informal, con las personas. El problema está en lograr que su voluntad, frecuentemente expresada de manera informal, sea considerada válida, por ejemplo, para formalizar una petición de protección”.  

Los ‘hotspot” se convierten, en la última propuesta de la Comisión, en un pilar de las políticas europeas migratorias y de asilo, el marco de una masiva operación de clasificación de los que llegan a las fronteras exteriores de la Unión. “Todo sucedería en lugares cerrados, inaccesibles para los abogados. Esto debilitaría aún más el derecho a la defensa”, denuncia Brambilla. 

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Otra novedad “desconcertante, desde el punto de vista no solo jurídico sino también para el derecho europeo de asilo”, dice Brambilla, “es la importancia que se pone en el examen de admisión -y no el mérito- para evaluar una petición de protección internacional. Esta erosión progresiva de los derechos, ya en curso en países como Grecia, hasta ahora ha sido frenada en Italia por la Constitución”.  

“Después de 2015 se ha claramente abierto una nueva fase política. Los Estados se han enfrentado a la inmigración con mucha más agresividad, y los jueces han dado pasos hacia atrás.”

dominique Andrien, abogado.

Precisamente en la Constitución (belga, en este caso) se han apoyado Tristan Wibault y su colega Pierre Robert al presentar en 2018 un recurso de anulación junto con el colegio de los abogados francófonos y germanófobos y siete organizaciones sin ánimo de lucro. En el recurso, todavía pendiente, se denuncian los procedimientos extremadamente complejos, los tiempos de apelación demasiado breves y unas garantías procesales excesivamente débiles introducidas en el derecho belga como consecuencia de la transposición de dos directivas europeas de 2013 relativas a las solicitudes de protección internacional. 

Si las Constituciones de los Estados miembro pueden representar un dique a la “devastadora erosión de los derechos” promovida a nivel europeo, como dijo Brambilla, en otros casos, es otra institución europea, el Tribunal de Justicia de la UE, el organismo al que se dirigen los abogados con la esperanza de recibir un aval a su interpretación del derecho comunitario, para hacer frente a tribunales y administraciones poco receptivas. “Ha habido varias sentencias que han tenido un impacto muy positivo para los exámenes de las solicitudes de asilo”, observa Wibault. “Pienso por ejemplo en una sentencia de 2013 sobre la protección de las personas en función de su orientación sexual”. En cambio, Adrien cita el papel fundamental del Tribunal de Justicia en afirmar que el derecho a presentar una apelación eficaz (artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE) es parte integrante del derecho de la Unión.

El Tribunal de Justicia de la UE

El problema, subraya Andrien, es que “rara vez se modifica una legislación nacional sobre la base de lo que afirma el Tribunal de Justicia”. Los Estados miembro hacen oídos sordos y continúan elaborando políticas y procedimientos “equivocados, retorcidas y orientadas a la represión”, denuncia Brambilla. Wibault, en cambio, está preocupado por otra tendencia que se evidencia también en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “Algunas sentencias recientes son extremadamente cautelosos, revisan cosas que parecían adquiridas, o son poco claras. Pienso que los jueces no son inmunes al contexto político general. Después de 2015 se ha claramente abierto una nueva fase política. Los Estados se han enfrentado a la inmigración con mucha más agresividad, y los jueces han dado pasos hacia atrás. Una decisión del Tribunal de Justicia que considero increíble es el rechazo a examinar la legalidad del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Resulta todo muy frustraste pero esperemos que sea solo una etapa…”. 

Frustración: es el sentimiento que comparten los tres abogados. “En nuestro trabajo”, teme Brambilla, “nos veremos cada vez más obligados a hacer frente, por una parte, a procedimientos europeos que quieren que todo sea más rápido y se desarrolle en lugares cerrados, por el otro, a procedimientos nacionales lentísimos, que machacan a las personas”. “A nosotros nos imponen plazos cada vez más estrechos, mientras que las administraciones y los tribunales no respetan plazo alguno”, confirma Andrien. “Es absolutamente necesario que se mejore la eficacia de los procedimientos. Debe haber un mandato judicial directo que obligue el Estado a respetar los plazos y las decisiones de los tribunales. Bélgica acaba de ser condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por haber repatriado en 2017 a unos sudaneses pese a que un juez se había prohibido esa deportación. Si la administración no respeta las decisiones de los tribunales, ¿dónde acabaremos?”. 

Un aspecto, en cambio, no preocupa estos abogados: los ataques que reciben – “desde siempre”, asegura Andrien – de la política. “Desde 2010, la administración belga ha escrito al menos tres veces a mi Colegio para quejarse de mis apelaciones”, sonríe Andrien. “Sin embargos, estas intimidaciones no me importan. Al revés, me reconfortan pues significa que estoy haciendo bien mi trabajo”. 

Lea los otros artículos de la serie.

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