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Esta herramienta, que se empezó a diseñar en los años 1990, nació después de un largo debate en torno a la introducción de un impuesto sobre el carbono para que toda empresa que produjera emisiones de CO2 tuviera que pagar por ello.
El objetivo es forzar la descarbonización de las 11.000 empresas en las que se aplica actualmente este sistema. Por lo general, se trata de grandes plantas energéticas e industrias pesadas (como refinerías, plantas de cemento, hierro, aluminio y químicos) que se encuentran en todos los Estados miembros, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Incluso las empresas del Reino Unido, hasta que ocurrió el Brexit.
Sin embargo, desde su implantación en 2005, el RCDE ya ha pasado por cuatro fases con diferentes legislaciones y herramientas. En particular, se crearon demasiados permisos de emisión durante la segunda fase, como muestra de generosidad después de la crisis económica de 2008, algo que poco después se convertiría en algo muy problemático.
«No solo se dieron algunas gratuitamente a fabricantes de hierro, sino que se les otorgaban demasiados permisos y podían hasta venderlos», explica Wijnand Soefs, responsable de políticas en RCDE UE, envíos internacionales y eliminación del dióxido de carbono en Carbon Market Watch.
Después de que se crearan más de 1000 millones de permisos, el precio por tonelada de CO2 bajó a menos de 5€. Entre 2019 y 2020 se alcanzaron los 2000 millones de toneladas, es decir, la cantidad de excedentes de permisos de emisiones en el sistema era muy superior al consumo anual de las empresas. «Se concedieron demasiados permisos, había demasiados suministros.»
Algunos trucos contables ayudaron a reducir su número, como la reserva de estabilidad del mercado que succiona de forma activa los permisos fuera del sistema. «Cada año, la Comisión Europea calcula los derechos de emisión existentes en el sistema, los que se han dejado sin utilizar, los que se han vendido y los que se han cedido gratuitamente a lo largo de toda la existencia del RCDE», afirma Stoefs.
«Esa fuente de exceso de oferta se ha cerrado y el problema se ha resuelto, pero aún estamos investigando el efecto histórico que ello este hecho podría tener.» El exceso de oferta hizo que el tope anual se mantuviera demasiado alto durante años. «De momento no disminuye muy rápido, hasta este año ha disminuido un 1,74 %, pero de este año en adelante disminuirá un 2,2 %. Si seguimos como hasta ahora, esto nos va a pasar factura en el futuro.»
¿A dónde se destina el dinero? Los países reciben ingresos mediante una subasta de derechos de emisión para el sector eléctrico. Los sectores industriales seguirán recibiendo la gran mayoría de sus derechos de forma gratuita.
«En un mundo ideal, todos los derechos de emisión se subastarían. Entrarían en el mercado y las empresas los comprarían a las autoridades reguladoras, de modo que, cada tonelada de dióxido de carbono que estas empresas europeas arrojen a la atmósfera tendrá un precio asignado. Sin embargo, lo que ocurre con los ingresos es complejo. La gran mayoría se destina a los Estados miembros, en función de su tamaño y sus emisiones históricas.»
Por ejemplo, Alemania se lleva un gran porcentaje de los ingresos porque antes había mucha industria alemana. Aunque ahora se ha descarbonizado, ese porcentaje sigue siendo el mismo. «Es un debate que sigue estando muy activo en el Consejo.»
Una directiva de la UE determina el funcionamiento del RCDE. «El RCDE establece que los países deberían –la elección de la palabra “deberían” es importante– utilizar el 50 % de los derechos de emisión con fines climáticos y energéticos. La idea es que hagamos pagar a los grandes contaminadores y utilicemos ese dinero para contribuir a la descarbonización.»
Es lo que ocurre en Francia, donde el dinero se utiliza para proyectos de renovación. En Bélgica, por el contrario, no actúan del mismo modo: miles de millones de créditos de carbono se transfirieron a grandes industrias contaminantes, aunque no se observara una disminución en sus emisiones de CO2». Algunos países no los utilizan con fines climáticos en absoluto.
Por lo general «no pinta bien», dice Stoefs. «El dinero se suele añadir al presupuesto general, lo que es una verdadera pena, porque el dinero que se destina acutalmente en medidas que contribuyan a erradicar el cambio climático no es suficiente.»
De acuerdo con las reglas actuales, entre 2021 y 2030, la industria de la UE recibirá aproximadamente 6500 millones de permisos de emisiones de manera gratuita, valorados en aproximadamente 200 000 millones de euros (con un precio medio de 30€/tonelada de CO2). «Esto representa ingresos predeterminados que podrían generarse mediante subastas y ser utilizados para medidas de acción climática, ya que son mucho más necesarias.»
La principal petición de Carbon Market Watch es que se eliminen los permisos de emisión gratuitos. «Convertidlo en una herramienta más ambiciosa y aseguráos de que quien contamine, pague», declara Stoefs. «Reducid el máximo permitido todos los años», añade.
También piden que se regule al sector marítimo, antes que al sector de la construcción o al automotor. No debería afectar a los ciudadanos ni a los consumidores, sino a las empresas.
De hecho, cuando hablamos de contaminadores, lo que ocurre con el Tratado sobre la Carta de la Energía va en dirección contraria. «No deberíamos dar a las empresas el poder de decidir una política medioambiental y, realmente, lo que el ECT está haciendo es exactamente eso.»
«La UE debería abandonar el ECT, no tiene ninguna lógica mantenerlo. Quien haya construido hace 10 años una central eléctrica de carbón no puede pretender que no sabía que el cambio climático estaba ocurriendo.»
«Si todos los grupos de presión que trabajan en Bruselas en contra del RCDE concentraran sus esfuerzos en forzar a sus empresas a que redujeran su contaminación, no necesitaríamos una política climática.»
