En el dibujo: «¡Avisad que hemos iniciado el diálogo!»
La Unión Europea apuesta por el apaciguamiento ante Polonia en lo que concierne al respeto del Estado de derecho por parte del gobierno de Varsovia. Durante la cumbre europea del 21 y 22 de octubre, los jefes de Estado y de Gobierno presentes hicieron públicas sus inquietudes en lo que respecta a la situación polaca, aunque rechazaron, por ahora, imponer sanciones.
Varsovia y Bruselas están, desde hace años, enfrentados sobre varias reformas judiciales respaldadas por el partido conservador en el poder, Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco). La UE afirma que estas reformas son un freno para las libertades democráticas, pero el gobierno populista y nacionalista polaco señala que son necesarias para eradicar la corrupción entre los jueces. Un veredicto del Tribunal Constitucional de Polonia, que dictaminó que varios artículos de los tratados de la Unión Europea son incompatibles con la Constitución polaca, aumentó las tensiones y volvió a instalar la discusión en torno a la posibilidad del polexit.
Bruselas se declaró abierto a la discusión, sin renunciar a la posibilidad de llevar a cabo acciones legales y financieras si las negociaciones fracasan. Una decisión que no fue del agrado del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki.