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Estamos en septiembre de 2021, lo que nos deja nueve años y medio de la "década decisiva" para cambiar completamente nuestro mundo económico e impedir el colapso ecológico y la correspondiente catástrofe humanitaria. Teniendo esto en cuenta, no cabe ninguna duda de que seguir persiguiendo el crecimiento infinito es una estrategia económica autodestructiva e irracional.
El último informe conjunto elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) recomienda "alejarse de la concepción de progreso económico basado únicamente en el aumento del PIB" para preservar la biodiversidad y los ecosistemas. El nuevo informe del IPCC plantea un escenario climático viable (la trayectoria socioeconómica compartida 1) que concibe un mundo donde “el foco de atención se ha desplazado del crecimiento económico al bienestar humano”.
Pero ¿no es el crecimiento del PIB esencial para mantener el poder adquisitivo y la prosperidad social y política, especialmente en Europa? Aunque centrarnos en lo que está más allá del crecimiento va en nuestro propio beneficio, ¿seguro que podemos permitirnos un cambio tal? En un ensayo reciente para el ETUI, argumento que es totalmente posible.
La gran mayoría de los políticos comparte la misma perspectiva: es posible que el crecimiento económico esté desestabilizando cada vez más la biosfera, pero está estabilizando el estado de bienestar. De hecho, afirman que, sin crecimiento, el estado de bienestar no podría existir.
Gestionar la transición climática tomando como referencia el PIB es como intentar coger algo con la mano mientras lo empujas lejos con el pie.
Esta supuesta codependencia entre el estado de bienestar y el crecimiento se consigue por medio de dos vínculos esenciales: el nexo entre crecimiento y empleo, y el nexo entre crecimiento y beneficios. En teoría, el primer vínculo garantiza que cuando el Producto Interior Bruto (PIB) aumenta, también lo hace el empleo, lo que permite incrementar las contribuciones sociales y financiar adecuadamente las políticas sociales.
Sin embargo, ya no funciona así: desde hace treinta años, Alemania se ha considerado el ejemplo de éxito europeo en materia de empleo y crecimiento, aunque el repunte más largo y fuerte en el país del último medio siglo (entre 2006 y 2018) trajo consigo un descenso del PIB real.
Esta desvinculación absoluta también se aplica a toda la zona euro, donde el PIB real ha aumentado y el empleo ha descendido (por ejemplo, entre 2002 y 2005 o entre 2010 y 2012). Este hecho es aún más notable para la Unión Europa en su conjunto: el mayor aumento en la tasa de empleo en las últimas dos décadas (entre 2013 y 2019, pasando de un 64 a un 69,3 %) ocurrió cuando el PIB aumentó solo de manera moderada (en torno al 2 %) y experimentó además subidas y bajadas. Asimismo, existe una desconexión entre los ingresos nacionales y los ingresos personales debido a un aumento de la desigualdad. Dicha desconexión también afecta al PIB y a la capacidad fiscal debido a una fuerte competencia social y fiscal a nivel europeo.
Y lo que es más importante, debemos entender que los indicadores subyacentes reales del desarrollo humano son la productividad laboral, la salud y la educación, indicadores que prosperan gracias al estado de bienestar y no al crecimiento económico. De hecho, el crecimiento económico se ve sustentado por dichos indicadores. Por lo tanto, la narrativa económica que afirma que el estado de bienestar es un lujo solo apto para las sociedades con un alto crecimiento puede darse la vuelta: el estado de bienestar ha sido el pilar de las economías desarrolladas durante los últimos 70 años, especialmente en Europa, y ha constituido una fuente esencial de desarrollo humano y crecimiento económico durante más de un siglo. Además, el crecimiento económico desempeña un papel mínimo en la estabilización de las políticas sociales en comparación con otros parámetros estructurales sociodemográficos como el aumento de la población para mantener los sistemas de pensiones.
Contra todo pronóstico, mientras que se sigue ignorando esta separación doble entre el crecimiento por un lado, y el empleo y el poder adquisitivo por otro, la disociación ilusoria entre el crecimiento y el daño medioambiental se afirma. Obviamente, es posible disociar completamente el crecimiento y las emisiones de efecto invernadero en un solo país (como en Suecia), pero este resultado aislado desaparece cuando las emisiones se representan a nivel mundial, la única escala que importa. Tanto en Europa como en el resto del mundo, el aumento de la renta per cápita es el principal acelerador del cambio climático. Sin una "estrategia de crecimiento nula" será imposible conseguir lo planteado por el Acuerdo Ecológico. Gestionar la transición climática tomando como referencia el PIB es como intentar coger algo con la mano mientras lo empujas lejos con el pie.
No obstante ¿es posible imaginar y perseguir una transición socioecológica a nivel europeo que consiga minimizar tanto la destrucción ambiental como la desigualdad social, sin crecimiento? En pocas palabras, sí. Para conseguir este objetivo se pueden llevar a cabo al menos tres estrategias diferentes.
A corto plazo, la primera estrategia consiste en movilizar la reserva de desigualdades económicas para fomentar la transición mediante la introducción, a un crecimiento constante, de impuestos ecológicos progresivos y compensados socialmente, basados en dos tipos de base fiscal: la riqueza y el consumo de CO2. Si se ponen impuestos a la riqueza, el crecimiento desigual del pasado sería gravado sin necesidad de un crecimiento adicional. Los gobiernos también pueden optar por cobrar impuestos directamente a la desigualdad, es decir, diseñar y promulgar unos impuestos socioecológicos y progresivos basados en el nivel de ingresos y/o en la huella de carbono. Sin embargo, tal y como demostraron las protestas de los chalecos amarillos en 2018 en Francia, hay que diseñar estos impuestos con cautela, con compensaciones sociales sustanciosas para los más vulnerables económicamente.
La segunda estrategia consistiría en financiar la transición socioecológica a través de los ahorros en gasto social conseguidos mediante políticas medioambientales ambiciosas que tienen como objetivo mejorar la salud general, como la disminución de la contaminación atmosférica, la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrentan hoy en día los europeos. La pandemia de covid-19 ilustra de manera sorprendente el vínculo entre la preservación del medioambiente, de la salud y de la economía. La reciente advertencia de las publicaciones médicas destaca la correlación fundamental entre la degradación de la biosfera y la degradación global de la salud humana.
La tercera y última estrategia consistiría en construir una protección socioecológica sólida financiada mediante la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles: las crisis ecológicas constituyen un riesgo social que amenaza la vida y el sustento, especialmente la de aquellos más vulnerables, quienes necesitan una protección colectiva como la que se puso en marcha en Europa a finales del siglo XIX, protecciones que han resultado ser cruciales ante la covid-19.
Por muy valiente que pueda parecer, tenemos muchas razones para creer que en los nueve años y medio que tenemos por delante seremos totalmente capaces de conseguir una transición socioecológica más allá del crecimiento, empezando por Europa.
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