Por qué el poder popular es necesario para conseguir una vacuna para todos

Más de un año después del inicio de la pandemia, el coronavirus ha matado a más de 3 millones de personas, ha provocado la peor crisis económica desde los años 30 y ha afectado negativamente la vida de miles de millones de personas. UNICEF advierte de los peligros de una generación perdida debido a la desnutrición, a la interrupción repentina de la educación y al miedo e incertidumbre generalizados.

Publicado en 10 mayo 2021

La vacunación es una de las claves para terminar con esta situación. Mientras que la mayor parte de los europeos esperamos con impaciencia el momento de retomar nuestras vidas de manera segura, en la mayoría de países en vías de desarrollo la realidad es bien distinta: si nada cambia, la escasez actual de vacunas supondrá que el acceso universal a la protección no llegará hasta 2023. O aún peor, quizás no lleguemos nunca a controlar el virus, pues las vacunas actuales podrían resultar ineficaces contra nuevas variantes.

Sin embargo, hay una solución: convertir las vacunas en un bien público y universal para aumentar su producción.

En tiempos de crisis, la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual, así como la transmisión de los conocimientos existentes a todos los productores de vacunas fiables debería ser una respuesta evidente para fabricar vacunas, test y tratamientos a nivel mundial de manera más rápida, simple y barata.

Ahora bien, para lograrlo, la Comisión Europea tendría que cambiar radicalmente su trato con las empresas farmacéuticas. Y aquí es donde reside el problema.

Según el Corporate Europe Observatory [Observatorio Corporativo Europeo], la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA) —el principal lobby de las grandes farmacéuticas en Europa— gastó más de 5,5 millones de euros en actividades de presión solo en 2020. Una buena inversión, puesto que la Comisión Europea ha aceptado ciegamente sus razones para, textualmente, «quedarnos con la patente y confiarles la distribución de las vacunas», argumento que contrasta claramente con la situación actual.

El siguiente «compromiso voluntario» ha resultado ser extremadamente ingenuo: la Organización Mundial de la Salud ha puesto en marcha una plataforma donde las instituciones farmacéuticas pueden compartir sus conocimientos y derechos de propiedad. Esta estrategia ya garantizó que medicamentos contra el VIH o el sida llegasen a muchos más lugares, pero este «banco de información» contra el coronavirus sigue estando vacío. Las estanterías solo recogen polvo. Las empresas farmacéuticas no están compartiendo su tecnología porque ningún contrato les obliga a hacerlo.

Así que, ¿por qué lo harían? Las patentes permiten a las empresas vender los productos que ellos han desarrollado a cambio de beneficios, y controlar quién puede fabricarlos y venderlos.

Para ellas, la pandemia es una fuente de oportunidades. Según los cálculos de la Alianza para la Vacunación, Pfizer, Johnson & Johnson y AstraZeneca han pagado 26 000 millones de dólares en dividendos y recompras de acciones a sus accionistas en los últimos 12 meses; lo suficiente para costear la vacunación del equivalente a la población de África.

Para Pfizer no parece ser suficiente, porque ha aumentado el precio de las dosis de 12,5 a 19 euros.  

A pesar de haber prometido que pondría las vacunas a disposición de todos, la Comisión Europea todavía no ha movido ficha para convertirlo en una realidad. Hacemos un llamamiento a Europa y a sus Estados miembros para que se unan a los casi 100 países e innumerables organizaciones sociales que apoyan la suspensión temporal de la patente en la Organización Mundial del Comercio. Incluso Estados Unidos, uno de los principales detractores, se plantea ahora unirse a la iniciativa.

Sin embargo, Europa no va a convencerse sola. Tenemos que construir un poder popular para hacer frente al gran poder financiero de las gigantes farmacéuticas. La Iniciativa Ciudadana Europea es uno de los pocos métodos oficiales que repercute directamente en las políticas europeas. Gracias a esta herramienta oficial, la Comisión Europea estará obligada a responder a nuestras peticiones una vez que consigamos un millón de firmas.

La iniciativa «Que nadie se lucre con la pandemia» pide a la Comisión Europea que las vacunas y tratamientos contra el coronavirus se consideren un bien público global, y exige transparencia en las negociaciones, los precios de compra y los costes de producción. Nuestro movimiento está formado por más de 350 sindicatos europeos, asociaciones sanitarias y ONG, así como 175 000 ciudadanos europeos, por ahora.

Una movilización a escala europea es necesaria para cambiar el curso de la historia. La obtención de beneficios supone un obstáculo para la protección y seguridad de la población mundial y para el futuro de generaciones completas. Pero el cambio está en nuestra mano.

Todos los ciudadanos europeos pueden firmar la Iniciativa Ciudadana Europea a través de este enlace: noprofitonpandemic.eu

👉 Consulta la lista de miembros de la coalición "No profit on pandemic".

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