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Sin papeles y sin vacunar en Grecia

Las granjas avícolas son representativas de la situación de los inmigrantes indocumentados en Grecia pues, a pesar de los riesgos de contagio, muchos trabajadores indocumentados no se vacunan por temor a que les deporten. Según revela la investigación de Lighthouse Reports y Efimerida ton Synktaton se ha aplazado una ley para solventar el problema.

Publicado en 10 febrero 2022 a las 11:30

Nitsiakos y Pindos, dos enormes granjas avícolas, están separadas a unos kilómetros de distancia entre sí a las afueras de la ciudad de Ioánina al noroeste de Grecia, un lugar remoto para el brote de cualquier enfermedad. 

Estas dos explotaciones, junto con Ambrosiadis en Katerini, más al este, se encuentran entre las más grandes de este tipo en Grecia. Constituyen pilares para sus economías locales, ya que cada una emplea a cientos de trabajadores y, con el brote de la pandemia de COVID-19, también se convirtieron en focos de infección. 


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En octubre de 2020, Pindos anunció la suspensión de las operaciones en su planta de procesamiento avícola, tras identificar varios casos de COVID-19. En junio de 2021, el personal sanitario del hospital de Katerini determinó que el origen de 30 casos de COVID-19 entre trabajadores extranjeros era la planta de Ambrosiadis, unos brotes que se han mantenido en secreto. 

En julio de 2021, la Agencia de Protección Civil de Grecia ordenó la suspensión temporal de las operaciones en Nitsiakos tras detectar un brote local entre sus trabajadores. Moses Elisaf, alcalde de Ioánina habló entonces de una “situación grave y extremadamente preocupante” y destacó que “las personas implicadas no se habían vacunado, a pesar de trabajar en lugares abarrotados y con alto riesgo”.

En el establo y en los mataderos

La EFET, la Agencia de Seguridad Alimentaria de Grecia, clasifica las granjas avícolas como lugares de trabajo de alto riesgo, debido a sus condiciones de trabajo intensivas y atestadas, pero priorizar estos lugares para que los trabajadores reciban las vacunas es otra historia.

La mayoría de empresas avícolas trabajan con subcontratistas griegos, pakistaníes y albaneses que les proporcionan trabajadores. Algunos empleados tienen un permiso de residencia o se les ha concedido el asilo. Sin embargo, muchos están indocumentados y son menores de 18 años, la edad legal para trabajar.

La explotación de trabajadores indocumentados, que ya constituía un problema de derechos humanos y laborales antes de la pandemia, ha derivado en un problema de salud pública, puesto que la falta de acceso a las vacunas socava todo el programa nacional de vacunación.

Hassan (cuyo nombre real conoce Lighthouse Reports) tiene 19 años y procede de Pakistán. Llegó a Grecia en 2018 como menor no acompañado. Las condiciones a las que tuvo que hacer frente le obligaron a crecer rápido. 

Con 16 años, mientras seguía viviendo en la “zona segura” para menores no acompañados dentro de un centro de acogida para refugiados e inmigrantes, empezó su primer trabajo en una granja avícola.


La explotación de trabajadores indocumentados, que ya constituía un problema de derechos humanos y laborales antes de la pandemia, ha derivado en un problema de salud pública


Trabajar en este tipo de instalaciones no es una tarea sencilla. “Puedes estar trabajando en los establos por la noche, recogiendo pollos con el camión, en el matadero, o en las estaciones de alimentación”, comentaba Hassan. “Muchos trabajadores no lo soportan y se acaban marchando”. 

Pasó varios meses sin documentación, pero al final le concedieron un permiso para seguir en el país por motivos humanitarios. Otros trabajadores no corrieron la misma suerte y la legislación en virtud de la cual Hassan logró sus documentos ahora se ha revocado. 

“Hay denuncias anónimas de que en las granjas avícolas se emplea a trabajadores indocumentados”, explicaba Despina Konstantinou, presidenta de la Asociación Laboral Katerini. “Pero es difícil corroborarlas… Son de distintas nacionalidades, a veces proceden de distintas partes de Grecia y trabajan temporadas breves”. Esto hace que sea casi imposible comprobar las referencias entre nombres y registros de turnos. 

“Aún no nos han informado sobre las vacunas”, afirmaba Hassan. “La única instrucción que nos han dado es que llevemos los trajes de protección. No todo el mundo se ha vacunado”. Hassan tomó la iniciativa y se vacunó hace tres meses, sobre todo, como comenta, porque tenía miedo. “A los inmigrantes con frecuencia se les multa sin motivo alguno, pero, sobre todo, no quería contagiarme”.

Para otros compañeros la situación no es igual: “Cada semana alguien se contagia. Se marchan y vuelven a los 14 días. En verano no había casos, pero ahora han aumentado”.

Grecia en la puntuación de Lighthouse Reports

Grecia no es el único país cuyo sector de procesamiento cárnico ha estado en el epicentro de los brotes de COVID-19. Por toda Europa se han registrado incidentes similares a escala aún mayor. Lo que diferencia a Grecia es la falta de respuesta oficial ante el problema. Por ejemplo, en Alemania, el Gobierno federal aprobó una ley en noviembre de 2020 que prohibía a los procesadores cárnicos recurrir a trabajadores de agencias temporales. 

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) ha instado a los Estados miembros de la UE a incluir la vacunación de los inmigrantes como una prioridad en sus planes de vacunación nacionales. Lighthouse Reports ha analizado las políticas de vacunación en 18 países europeos. En Grecia, la ausencia de políticas públicas detalladas y fiables hace que sea difícil sacar conclusiones. Grecia registra una puntuación baja en cuanto al acceso a la vacunación para poblaciones indocumentadas o marginadas.

La única campaña informativa dirigida fue Vaccines For All, organizada conjuntamente por INTERSOS Hellas, el Foro Griego de Inmigrantes y el Foro Griego para Refugiados. La campaña comenzó en agosto de 2021 con documentación disponible en 10 idiomas. 

Según Apostolos Veizis, médico y director de INTERSOS, las poblaciones vulnerables tenían miedo de que la pandemia pudiera usarse como una forma de criminalizarles y deportarles. 

Si bien el posible “punto ciego” relativo a los inmigrantes indocumentados ya era evidente en 2020, el Gobierno no actuó hasta la primavera de 2021 para ofrecer acceso a las vacunas.

En mayo de 2021, se publicaron directrices gubernamentales para que aquellas personas con documentos de identificación de sus propios países pudieran obtener un número de la seguridad social temporal (conocido con las siglas griegas PAMKA) para poder vacunarse.

“Sin embargo, muchos inmigrantes carecían de esos papeles”, explicaba Veizis, “por lo que seguían sin tener acceso a la vacuna”.

El 2 de octubre de 2021, en respuesta a las presiones de las organizaciones de la sociedad civil y los expertos en salud pública, una nueva ley (4839/2021) otorgó a los indocumentados el derecho a obtener un número PAMKA, con lo que podrían vacunarse sin riesgo a la deportación. También brindó a las autoridades locales y a las ONG la oportunidad de participar en el programa de vacunación. 

Pero en la práctica se han producido retrasos a la hora de implementar la ley y para la mayoría de inmigrantes indocumentados aún no es posible vacunarse. Una Decisión Ministerial Conjunta publicada en diciembre de 2021, dos meses después de que se aprobara la ley, ofrece acceso a las personas indocumentadas al proceso de vacunación oficial. Sin embargo, según Lefteris Papagiannakis, experto jurídico y director del Consejo Griego para los Refugiados, esto solo ofrece acceso a la vacuna a las personas que tengan algún tipo de documento de identificación, aunque esté caducado o no sea válido. Las personas sin documentos de ningún tipo, los denominados "invisibles", siguen sin poder registrarse.

Las empresas avícolas y sus subcontratistas

Lighthouse Reports y Reporters United se han puesto en contacto con las tres empresas de explotación avícola mencionadas en esta investigación para hacerles preguntas sobre el caso.

Un portavoz de Nitsiakos respondió que “la tasa de vacunación entre empleados, incluidos los trabajadores contratados a través de subcontratistas, era aproximadamente del 90 %”.

Un miembro de la dirección de Ambrosiadis AVEE negó la existencia de empleados “invisibles”. “Aquí todos los trabajadores son personas reales. No puedo responder a preguntas hipotéticas. No hay personas sin documentos; eso sería un problema que debería tratar Inspección de Trabajo”.

Un representante de Ambrosiadis reconoció que había trabajadores en la empresa sin vacunar, pero afirmó que se cumplían todos los protocolos, incluidos los test rápidos, mientras siguen realizando tareas de supervisión y actualización.

El portavoz de la empresa reconoció que Ambrosiadis recurría a subcontratistas y comentó que se debía a la falta de trabajadores griegos en los mataderos. “La responsabilidad recae en el subcontratista que los contrata, nosotros mantenemos relaciones con ellos, no con los trabajadores directamente”.

Pindos no respondió ante la solicitud de información. 

Thodoris Nikolaou y Myriam Patrou han participado en este reportaje.

 👉  Artículo original en Efimerida ton Syntakton


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