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“Nadie estará seguro hasta que no lo estemos todos”. Este mensaje no es tan inclusivo como se pensaba, pese a que las autoridades sanitarias y los gobiernos lo han repetido una y otra vez para convencer a los más escépticos de los beneficios de la vacunación contra la COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, se ha obstaculizado o incluso impedido el acceso a la vacunación a los estratos más vulnerables de la sociedad, como las personas privadas de libertad, sin techo o en situación irregular.
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Si bien cualquier categoría corre el riesgo de caer en la invisibilización, los sin papeles lo están de manera oficial, pues no se realiza un censo a nivel europeo desde 2009. En aquel momento se estimó que había entre 1,9 y 3,8 millones de personas indocumentadas. Teniendo esto en cuenta, pretender contabilizar el número de residentes ilegales que han conseguido acceder a los programas de vacunación en la UE y el Reino Unido es prácticamente imposible. Por ello, el colectivo de investigación Lighthouse Reports, en colaboración con la red Picum (Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes indocumentados), decidió llevar a cabo una investigación comparando las políticas adoptadas por los diferentes Estados de la UE y por el Reino Unido en materia de vacunación de migrantes indocumentados.
El resultado es un cuadro comparativo (en inglés) extremadamente claro y exhaustivo, que evalúa a 18 países en base a 5 criterios: la transparencia de las estrategias de vacunación; el acceso previsto (o no) para las personas en situación irregular; las correspondientes condiciones requeridas en materia de identificación y residencia; las condiciones de acceso a la vacunación para otros segmentos marginalizados de la población (personas privadas de libertad, con vivienda precaria, sin acceso a internet o que no dominan el idioma local); y, finalmente, las garantías en lo tocante a la protección de la vida privada, un indicador esencial cuando se teme acabar detenido por estar indocumentado.
A la cabeza de la clasificación se encuentran el Reino Unido y Portugal, países que han adoptado unas políticas de vacunación "abiertas y accesibles" para las personas en situación ilegal. Todo lo contrario de lo que se ha hallado en Polonia, la República Checa y Eslovaquia, donde las políticas se han definido como "explícitamente excluyentes".
La mayoría de los países analizados ha obtenido una puntuación "confusa". "Las políticas de vacunación de personas en situación irregular (o en circunstancias similares) son extremadamente imprecisas", explica Eva Constantaras, editora de datos para Lighthouse Reports. "No pensábamos que iba a haber tantos países en esta situación. La categoría "confusa" incluye a los países que a veces lo hacen mejor en la práctica que en la teoría, pero también a países que, sin decirlo abiertamente, excluyen de facto a las personas indocumentadas. En la mayoría de los casos, los gobiernos se valen de discursos antiinmigración para ganarse el apoyo de la población, pero también entienden que no vacunar a un segmento a veces considerable de su población es una nefasta decisión política que pone en peligro la salud pública. En nuestra opinión, las políticas de vacunación carecen de precisión para que los gobiernos puedan jugar a dos bandas".
Los resultados se han confirmado gracias a una serie de investigaciones que varios medios de comunicación europeos han realizado en el marco de este proyecto (y que serán publicadas por Voxeurop). De este modo, los periodistas han podido verificar en el terreno el impacto real de estas campañas de vacunación (o la falta de ellas) y describir los obstáculos a los que se han enfrentado las personas indocumentadas. En Portugal, el diario Publico siguió a Mohammed y a Diego, quienes, debido a las dificultades de acceso a una vacunación supuestamente muy accesible, terminaron por encontrar soluciones informales. Una experiencia similar a la que vivió Fred en Bélgica, donde vive desde hace diez años, y que ha relatado la revista Knack.
En muchos países, la mala comunicación y el miedo a presentarse ante las autoridades ha limitado la eficacia de las campañas de vacunación dirigidas a indocumentados. "La confianza es primordial", confirma la eurodiputada Tilly Metz (Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea), quien pudo constatarlo en su país, Luxemburgo (ejemplo que no figura en el estudio de Lighthouse Reports/Picum). Gracias al "enfoque proactivo" de la Asociación de apoyo a los trabajadores inmigrantes (ASTI) y del Comité de enlace de las asociaciones de extranjeros (CLAE), dos organizaciones creadas hace cuatro décadas, se pudo implementar una campaña de vacunación destinada a las personas indocumentadas en colaboración con el Ministerio de Sanidad. "Una iniciativa pensada y basada en un proceso de ensayo y error, porque la confianza hay que ganársela", comenta Metz. Así, explica, además de garantizar que los datos personales solo se iban a utilizar con fines sanitarios, los organizadores de la campaña quisieron, por ejemplo, que los agentes de seguridad presentes en los centros de vacunación fuesen vestidos de civil. Por su parte, el gobierno prefirió no pregonar el inicio de esta campaña de vacunación, "para pasar desapercibidos y evitar que el asunto se politizase".
En comparación con la primera fase de la pandemia, "la politización de la vacunación no ayuda en absoluto", destaca Alyna Smith, responsable de defensa de Picum. Sin embargo, también pone de manifiesto que los sistemas de los diferentes países pueden seguir adaptándose, cada uno según su propio funcionamiento. "Para empezar, algunos países tienen que reconocer la existencia de personas en situación irregular. Es el caso de Eslovaquia, donde son principalmente trabajadores alojados por sus empleadores, a menudo lejos de los centros urbanos."
En otros casos, como en Grecia, la evolución ha sido —al menos aparentemente— más rápida y positiva de lo previsto. El 2 de octubre de 2021, el gobierno publicó una ley (4839/2021) con una disposición que permitía a las personas indocumentadas y a los apátridas obtener un número de seguridad social provisional para poder acceder a la vacunación. Esta disposición, muy alentadora sobre el papel, tenía que concretizarse a través de las decisiones ministeriales conjuntas de los Ministerios de sanidad, digital, de trabajo y asuntos sociales y de migración y asilo. Según el diario Efimerida ton Syntakton, a mediados de noviembre todavía no se habían publicado dos de las tres decisiones ministeriales y la situación seguía siendo dramática para muchas personas indocumentadas, especialmente en las granjas avícolas situadas al norte del país, donde el periódico realizó una investigación.
“Según nuestra comparativa y las investigaciones periodísticas a escala nacional, los gobiernos europeos no han estado a la altura de las circunstancias y pretenden salirse con la suya aunque no hayan cumplido con sus responsabilidades”, denuncia Eva Constantaras, quien teme que el asunto del acceso a la sanidad por parte de las personas en situación irregular acabe cayendo en el olvido.
Si bien en la mayor parte de países europeos el acceso a este servicio siempre ha sido complicado, destaca Alyna Smith, “la pandemia ha demostrado con claridad que este planteamiento no solo es injusto, sino también estúpido y condenado al fracaso. Si queremos vivir en una sociedad sana, todos debemos denunciar este tipo de exclusión”. A pesar de las medidas positivas puestas en marcha en 2021, “estas no bastarán para superar las dificultades estructurales de acceso a la sanidad para las personas en situación irregular, ni las desigualdades en general experimentadas por este sector de la población, relacionadas con factores sistémicos como las malas condiciones de trabajo y una criminalización omnipresente. Debemos diseñar unos sistemas que antepongan de verdad las necesidades sanitarias al estatus de residencia”.
"La salud pública no puede existir sin la salud de las personas migrantes", recordaba la revista The Lancet Public Health en una editorial publicada antes del inicio de la pandemia, en junio de 2018. Un principio que la mayoría de gobiernos europeos, enfrentados a una crisis de salud pública sin precedentes, no parecen querer aceptar.
