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El 2 de septiembre, hacia las 19:30 horas, después de 55 días de audiencia y de escuchar a más de 100 testigos –el proceso por homicidio más largo de la historia judicial maltesa – un jurado absolvió a Yorgen Fenech (heredero de una de las familias empresariales más poderosas de Malta) de las acusaciones de complicidad y de asociación criminal en el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia.
El veredicto, emitido tras ocho horas de deliberación, ha dejado estupefacta a una gran parte del país. Según el relato del periodista Bertrand Borg para Times of Malta, la familia del acusado gritó de alegría en la sala, mientras que los allegados de la víctima rompieron a llorar. Fuera del tribunal, la multitud coreaba “escoria”, “mafia”, “asesino”.
“En cierto sentido, es la propia Malta la que estaba siendo juzgada”, resume Herman Grech, redactor jefe del diario de referencia de la isla, que ha seguido los debates desde el primer día. Periodista desde hace más de treinta años, afirma que nunca había visto semejante nivel de atención pública a propósito de un proceso en ese país. En junio tuvieron lugar unas elecciones anticipadas y según él son muchos los que sospechan que este calendario no era totalmente ajeno a la aproximación de este proceso ultrasensible. Pero ha sido la constitución del jurado la que ha hecho cambiar la atmósfera: “Durante 55 días el país ha estado cautivado por lo que sucedía en esta sala de audiencias”, cuenta.
Un proceso a tres voces, ninguna certeza
El expediente se basa, casi en su totalidad, en el testimonio de Melvin Theuma, chófer de taxi e intermediario indultado por el presidente en 2019, que afirmó haber recibido de Fenech la orden y el dinero para reclutar a los asesinos. Fenech, por su parte, admitió saber de antemano que se estaba planeando el asesinato y haberle pagado a Theuma, pero sostuvo que su intención era detenerlo, no financiarlo.
Señaló a su antiguo amigo Keit Schembri, a la sazón jefe de gabinete del primer ministro Joseph Muscat, como el verdadero cerebro del crimen. Schembri, llamado a declarar, negó todo y reiteró la acusación contra Fenech, alegando que éste prácticamente le había confesado el crimen.
“Todos los caminos conducen a Keith Schembri”, argumentó el abogado defensor, una afirmación que la investigación nunca pudo corroborar: el teléfono y el ordenador de Schembri nunca se recuperaron, su oficina en la sede del gobierno no fue registrada hasta más de una semana después de su arresto, y varias filtraciones obstaculizaron la investigación desde el principio.
Ante la falta de pruebas concluyentes, la jueza Edwina Grima recordó al jurado que la carga de la prueba recaía enteramente en la acusación. Votaron ocho a uno a favor de la absolución, lo que generó cierta ambigüedad sobre quién votó en contra.
Yorgen Fenech, espejo de un sistema
Antes del escándalo, Yorgen Fenech mantenía, según Herman Grech, “un perfil relativamente discreto”, a pesar de ser el heredero de un imperio familiar creado en la década de 1970 a partir de una sencilla tienda de muebles. El Grupo Tumas tiene ahora una gran influencia en los sectores inmobiliario, de la hostelería y del juego; el propio Fenech está estrechamente vinculado a Electrogas, el consorcio seleccionado en 2013 para suministrar electricidad a la isla, en el que posee el 10 % de acciones personales.
El proceso judicial y la publicación de miles de mensajes intercambiados revelan el alcance de su acceso a los más altos niveles del Gobierno. “Fenech ha llegado a representar algo mucho más importante que un simple empresario afortunado”, explica Herman Grech. “Se ha convertido en la personificación de las preguntas que Malta lleva años planteándose sobre la relación entre los grandes intereses económicos, el poder político y las instituciones destinadas a regular ambos”.
Fue mientras investigaba el contrato de Electrogas y una empresa offshore con sede en Dubái, 17 Black, cuando Daphne Caruana Galizia se cruzó con Yorgen Fenech. Ella había establecido, ya en febrero de 2017, que este entramado se utilizaba para blanquear importantes sumas de dinero vinculadas a figuras políticas prominentes, entre ellas el ministro Konrad Mizzi y el propio Schembri; una conexión confirmada casi dos años después por una investigación de Reuters y Times of Malta, cuya versión más detallada fue publicada por OCCRP (Proyecto de Reporte de Crimen Organizado y Corrupción) como parte del Proyecto Daphne.
Política y negocios: la clave está en el acceso
Para comprender la trama hay que comprender lo que es Malta: el país más pequeño de la Unión Europea, uno de los territorios más densamente poblados del mundo, donde, según la fórmula de Grech, “parece que todo el mundo se conoce”. Esta proximidad entre el mundo político, el empresarial y la vida social ha existido siempre.
Pero según él dicha proximidad se ha institucionalizado, incluso alcanzó su punto álgido durante la última década, en un contexto de espectacular auge económico heredado del programa de Joseph Muscat, que quería convertir la isla en el “Singapur del Mediterráneo”: aumento vertiginoso del precio de los inmuebles, aceleración del desarrollo, relajación de las normas de planificación urbana y, sobre todo, explosión del valor del acceso a los responsables de la toma de decisiones.
A esto se suma un sistema político bipartidista casi tribal –laboristas y nacionalistas comparten el poder desde la independencia en 1960– en el que la afiliación política se transmite a menudo como una herencia familiar, explica Grech. Una consecuencia directa, continúa, es que “cualquier acusación de irregularidad se interpreta inmediatamente desde una perspectiva partidista: ¿es un ataque contra mi bando o contra el otro?”, lo que complica considerablemente la responsabilidad institucional.
“No digo que toda relación entre el mundo empresarial y la política sea corrupta”, aclara. “En un país tan pequeño, la proximidad es inevitable. La principal cuestión es si la proximidad se traduce en acceso, el acceso en influencia y la influencia en trato preferencial”.
Las investigaciones del medio de investigación italiano IrpiMedia documentan esta proximidad: entre los antiguos socios de los hermanos Agius –los miembros de la banda “Tal-Maksar” condenados en 2025 a cadena perpetua por la explosión que causó la muerte de la periodista– figura un primo de Keith Schembri, hoy en día perseguido por fraude y blanqueo de capitales. Los mismos nombres aparecen sin cesar de expediente judicial a otro.
Las alianzas políticas se reflejan hasta en los medios de comunicación: “Malta es el único país de la UE donde los principales partidos poseen y explotan directamente las cadenas de televisión que emiten las 24 horas del día”, explica la maltesa Rebecca Bonello Ghio, responsable de proyectos y políticas en la Federación Europea de Periodistas (FEJ), en Bruselas.
“El partido laborista dirige ONE y el partido nacionalista dirige NET, cuyos consejos de administración se nombran mediante procedimientos opacos”, observa ella y añade, además, que las redacciones independientes están sujetas a la influencia de los anunciantes.
De la cólera de 2019 a la resignación de 2026
En 2017, el shock del homicidio suscitó en un primer tiempo una reacción pública relativamente comedida, pues Malta ya había conocido atentados con coches bomba, generalmente asociados al crimen organizado. “Este fue distinto”, recuerda Herman Grech: “una periodista había sido asesinada a causa de su trabajo”.
Todo cambió a finales de 2019, cuando empezaron a emerger las pruebas que implicaban al entorno del poder. Miles de ciudadanos malteses salieron a la calle y provocaron la dimisión del laborista Joseph Muscat, en aquel entonces uno de los primeros ministros más populares de la historia reciente del país.
La absolución de Fenech reabre esta herida, pero con un matiz diferente. “En 2019 había cólera, pero también un sentimiento de que la verdad acabaría por salir a la luz”, observa Herman Grech. “Esta vez, a la cólera se añaden la resignación y el desconcierto”. Recuerda haber tenido que reconfortar a periodistas de su redacción que lloraron después de anunciarse el veredicto, sin poder ofrecerles la menor esperanza en esta ocasión. “Para nosotros es como si nos hubieran devuelto brutalmente a 2017, de nuevo sin respuesta alguna para la principal pregunta: ¿quién ha sido el autor intelectual del asesinato de Daphne?”
Sin embargo, se abstiene de cuestionar el principio del veredicto en sí: “Como periodista y redactor jefe, debo respetar el veredicto. El jurado no se convenció de la culpabilidad de Fenech más allá de toda duda razonable y así es como funciona la justicia”.
Sin embargo, añade que respetar un veredicto no hace que desaparezcan las preguntas esenciales: “¿Fue la investigación lo suficientemente exhaustiva? ¿Acaso la defensa sembró dudas con mayor eficacia que la acusación a la hora de disiparlas? ¿Debemos ignorar las sospechas de manipulación del jurado? Y si Fenech no es ni cómplice ni instigador, ¿quién dio las órdenes a los cinco hombres ya condenados por el asesinato?”.
“La palabra del jurado no puede silenciar a todo el mundo”
En un artículo de opinión publicado en el Times of Malta, la activista por los derechos civiles Alessandra Dee Crespo lleva más lejos esta misma preocupación. Teme que la absolución de Fenech se utilice para rehabilitar a toda una clase política, mientras que nunca se han revocado las conclusiones de una investigación pública establecida en 2019 por el Parlamento maltés (que llegó a la conclusión en 2021 de que el Estado tenía cierta responsabilidad en el asesinato, al haber permitido que se desarrollara un “clima de impunidad” desde sus más altas esferas) sin que jamás se les informara de ello.
Dee Crespo exige una revisión independiente de la investigación policial, cuestionando la deferencia con que ciertas figuras políticas y económicas fueron tratadas durante el proceso. La palabra del jurado no se puede convertir en una orden para que todos se callen”, escribe. Y advierte que el verdadero peligro reside ahora en la resignación colectiva. La Comisión Europea, en su informe de 2024 sobre el estado de derecho, también destacó la falta de medidas concretas para proteger el periodismo en Malta.
En un comunicado, la familia de la periodista habla de “justicia denegada” y reitera que la responsabilidad de todos aquellos que permitieron, facilitaron o protegieron a sus asesinos sigue, en su opinión, en suspenso. Su hijo Matthew, por su parte, habló de “una campaña, orquestada por el gobierno, destinada a deshumanizar al máximo a su madre. El objetivo era actuar de manera que la gente aceptara sin pestañear que el hombre que la mató, que ha sido declarado cómplice de su asesinato, fuera puesto en libertad”.
¿Cuáles son los próximos pasos?
La fiscalía ha anunciado su intención de apelar. Sin embargo, el derecho maltés establece un marco muy alto para cualquier recurso: no basta con considerar que el jurado se ha equivocado respecto a los hechos; hay que demostrar una irregularidad procedimental grave o un error manifiesto en la aplicación de la ley. Los juristas consultados por Herman Grech se muestran escépticos en cuanto a las probabilidades de conseguir un nuevo proceso. “Lo cierto es que todo esto llevará mucho tiempo, puesto que los juzgados malteses son muy lentos y la apelación va a tropezar con importantes retos estructurales, de procedimiento y administrativos”, afirma Rebecca Bonello Ghio.
El asunto se ha complicado más aún en estos últimos días: cuatro miembros del jurado y el marido de uno de ellos han sido detenidos, un nuevo dato que viene a aumentar las sospechas de manipulación que ya ha expuesto Herman Grech. “En el transcurso del proceso ya habíamos descubierto hasta qué punto están estrechamente vinculadas entre ellas las personas que disponen de poder y de dinero en Malta y cómo abusan de su acceso al poder”, observa Bonello Ghio.
“Tengo el presentimiento de que la situación es desesperada, que un cambio en un país tan polarizado y corrupto es casi imposible. Por supuesto, es alentador haber visto a tanta gente manifestándose el 16 de septiembre en Malta, Bruselas, París, Londres, Berlín, Düsseldorf y Dublín (exigiendo justicia para Daphne Caruana Galizia), y estoy tratando de aferrarme a esa esperanza.
Ante esta realidad, Herman Grech habla de “una sensación de impotencia y desesperación”. Muchos, dice, ya están comparando el resultado de este caso con el de O.J. Simpson en Estados Unidos: un juicio fuera de lo normal, seguido por toda una nación, una absolución rotunda y heridas reabiertas que, esta vez, podrían no cicatrizar nunca. Para Malta, la pregunta que plantea este veredicto va más allá del destino de un solo hombre: se trata de saber si los estrechos vínculos entre dinero, poder y justicia pueden algún día dejar de ser un sistema en esta isla donde todo el mundo se conoce.
La prensa, rehén de la polarización
La sentencia del 2 de septiembre “confirma que en Malta se puede encargar el asesinato de un periodista y salirse con la suya, lo cual tiene consecuencias claras para la seguridad de los periodistas”, afirma Rebecca Bonello Ghio. Esta experta de la FEJ advierte que en todo caso el proceso ha tenido un efecto positivo en el entorno mediático de la isla: “los medios de comunicación se dan cuenta de la importancia de su papel”, dice. “He advertido un progreso de la profesión y del sector durante estos dos últimos meses, a medida que las redacciones cubrían el proceso, así como sus reacciones y las del público”.
En todo caso ella matiza que, tratándose de la situación global de la libertad de prensa en Malta “pienso también que hay una desconfianza hacia la prensa, pues el caso es extremadamente polarizador y la gente recibe informaciones diferentes según su adscripción política”, concluye, “y la libertad de la prensa se ve perjudicada, especialmente ahora, cuando un grupo de personas ven como ‘el enemigo’ a los periodistas y a quienes apoyan a la familia de Daphne”.
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