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El 15 de junio el parlamento húngaro aprobó un proyecto de ley para reforzar la lucha contra la pedofilia que incluye un artículo que prohíbe “exponer a menores de 18 años a contenidos que muestren o fomenten la sexualidad en sí misma, el cambio de género o la homosexualidad”. La oposición ha boicoteado el voto, a excepción de Jobbik, el partido de extrema derecha. Una vez promulgada por el jefe de Estado, la ley se aplicará a los medios de comunicación, la edición o la publicidad.
La ley entra dentro de la corriente conservadora del gobierno del nacionalista Viktor Orbán, que no ha parado de reducir los derechos de las personas LGTBIQ+ en Hungría. Antes de la llegada al poder de su partido, el Fidesz, el país era bastante progresista: la homosexualidad se despenalizó a principios de los 60 y la unión civil entre parejas del mismo sexo se reconoce desde 1996.
Amnestía Internacional denuncia una ley “homófoba y tránsfoba” que “estigmatiza aún más a las personas LGTBIQ+, exponiéndolas a una mayor discriminación en un ambiente ya hostil”. El 22 de junio, 14 países de la UE han expresado su “profunda inquietud” por la aprobación de la ley y la acusan de “violar la libertad de expresión con la excusa de proteger a los niños”.
Desde la década de 1980 y la financiarización de la economía, los actores financieros nos han mostrado que los vacíos legales esconden una oportunidad a corto plazo. ¿Cómo terminan los inversores ecológicos financiando a las grandes petroleras? ¿Qué papel puede desempeñar la prensa? Hemos hablado de todo esto y más con nuestros investigadores Stefano Valentino y Giorgio Michalopoulos, que desentrañan para Voxeurop el lado oscuro de las finanzas verdes; hazaña por la que han sido recompensados varias veces.
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