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Suecia, que ocupa la presidencia de la UE y se enorgullece de su tradición de acogida, dispone de cuatro meses para triunfar donde otros han fracasado y encarrilar una política europea fiable con respecto a la afluencia de refugiados que no cesa de llegar por el Mediterráneo. El drama humano, marcado por el reciente ahogamiento de varias decenas de inmigrantes clandestinos de Eritrea en la isla italiana de Lampedusa, se topa de frente con la realidad política: la crisis económica, el aumento del paro y la tendencia a la derecha de las opiniones europeas no fomentan ni la apertura ni la serenidad en el debate sobre la inmigración.
Sin embargo, Estocolmo y el comisario francés de Justicia, Jacques Barrot, han decidido proponer a partir de septiembre un avance sobre dos capítulos clave en esta causa. En primer lugar, el reparto por el resto de Europa, y según la buena voluntad de cada capital, de una parte de los irregulares llegados al sur de Italia, a Grecia, a España, a Chipre y a Malta. Hasta ahora, sólo Francia ha entreabierto su puerta.
Para la presidencia sueca, también es necesario implantar una política de asilo "más eficaz". El derecho europeo sólo impone normas mínimas de protección. Estocolmo quiere centrarse en la armonización de las leyes nacionales. Sería el paso lógico en el espacio de libre circulación abierto por la Europa de Schengen. El pasado año, alrededor de 70.000 clandestinos cruzaron el Mediterráneo con la esperanza de forzar la puerta de la UE.
Europa del Norte y del Sur
Por ahora, el sórdido atolladero de los campos del Sur y el rechazo del Norte ante la imposición de un "reparto de la carga" ofrecen una imagen nefasta de Europa tras sus sermones sobre Guantánamo. El Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU solicitó el lunes el cierre inmediato de un centro en la isla griega de Lesbos, donde se hacinan hombres, mujeres y niños. Estas mismas condiciones las encontramos en Pagani, una instalación sin agua corriente que sólo dispone de un sanitario por cada centenar de detenidos. En Italia, en Chipre o en Malta, otros centros de acogida reciben la denuncia habitual de las ONG. "No podemos seguir tratando así a las personas", insiste un alto responsable europeo.
Al encontrarse en primera línea con respecto a los inmigrantes que llegan por mar procedentes de África u Oriente Medio, a los países mediterráneos de la UE les resulta fácil denunciar la ausencia de solidaridad del resto de Europa. "Escuchamos palabras amables, pero Europa no nos dice qué hacer cuando llega a nuestras costas una oleada de inmigrantes", afirma Franco Frattini, jefe de la diplomacia europea y predecesor de Jacques Barrot en Bruselas. Con frustración, Roma asume el riesgo de la reprobación internacional y devuelve a los irregulares de regreso a la otra costa del Mediterráneo, sin poder proceder de otro modo. Italia es el primer destino de casi la mitad de los clandestinos.
Los mismos textos europeos fomentan la afluencia de irregulares y la división lamentable de los europeos. Para solicitar el estatus de refugiado, es necesario llegar físicamente a la UE. A falta de visado, que casi siempre se deniega, queda la entrada "lenta". Y así se produce la afluencia de inmigrantes por los mares de la UE. Una vez que se llega al territorio, el derecho de asilo sólo lo reconoce el país que ha acordado su protección. El resultado es que, aunque lleguen a regularizarse, los inmigrantes permanecen en el Sur. Para ellos, al igual que para el derecho, Europa sigue siendo un laberinto inextricable.
PACTO SOBRE LA INMIGRACIÓN
Diez meses de esfuerzo en vano
“El Consejo Europeo adoptó el pasado 16 de octubre el Pacto europeo de Inmigración y Asilo, y los Veintisiete anunciaron una nueva y gran estrategia común’. Gracias a la solidaridad profesada entre las capitales y a la cooperación con terceros países, prometieron resolver lo antes posible los problemas de los inmigrantes clandestinos y de los refugiados. Pero nada. En diez meses se han visto superados por sus adversarios y no han hecho nada al respecto”, escribe en su blog Marco Zatterin. El periodista del diario La Stampa apunta con el dedo acusador, sobre todo, a Alemania, a los Países Bajos, a Austria, a los Países Bálticos y a Europa Oriental: “son ellos los que frenan el proyecto. No lo consideran un asunto prioritario, no quieren pagar y no les preocupa el hecho de que unos cuantos Estados se mantengan en guardia, desamparados, en la frontera meridional. ‘La Comisión Europea hace su trabajo, pero ciertos gobiernos no reaccionan’, afirma una fuente en Bruselas. No hay coordinación y los fondos destinados a estas iniciativas comunes –1,8 mil millones de euros- son incoherentes con respecto a las medidas que se toman.”
