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Para miles de migrantes indocumentados en España, el acceso a la vacunación es un proceso complejo y burocrático que suscita el miedo a la deportación. En 2020, la ONG investigativa española porCausa estimó que entre 390 000 y 470 000 personas permanecían indocumentadas en el país, y que cuatro de cada cinco de ellas tenían menos de 40 años. Las estimaciones actuales indican que esta cifra es probablemente superior, llegando hasta medio millón de migrantes irregulares que residen en el país. Según el estudio, las personas indocumentadas se encontraban particularmente en riesgo durante la pandemia, tanto por una falta de confianza en las autoridades como por barreras lingüísticas.
En España, hay una «iniciativa legislativa popular» en proceso que forzaría un debate parlamentario sobre la regularización de las personas indocumentadas. Uno de los argumentos principales es la importancia de un acceso igualitario al Sistema Nacional de Salud.
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De acuerdo con Gonzalo Fanjul, director de investigación de porCausa, «este asunto es muy importante como para ser ignorado. El acceso a la vacunación contra la covid prueba que el debate de la regularización afecta tanto a nuestros intereses como a los de los migrantes».
Desde un punto de vista teórico, España ha incluido a los grupos vulnerables en su programa de vacunación. Pero siendo este un país generalmente gobernado de manera regional, la ambigüedad de las estrategias de comunicación y las diferencias entre las prácticas ocasionaron que muchas personas indocumentadas debiesen afrontar obstáculos y retrasos.
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Para Misti, un bangladesí de 24 años que ha vivido en España durante tres años y sigue estando indocumentado, vacunarse fue un largo proceso, según comentó en la emisora de radio Cadena Ser. No pudo descargar la aplicación que necesitaba para pedir la cita para la vacuna y además se le dificulta el español. Eventualmente, escuchó sobre una organización local en Madrid, Valiente Bangla, que ayuda a las personas indocumentadas a vacunarse. Después de este momento pudo ponerse dos dosis, pero sigue sin tener acceso al resto del Sistema Nacional de Salud.
El desempeño irregular de España durante la pandemia fue recogido por una gran encuesta realizada por Lighthouse Reports, una redacción investigativa sin ánimo de lucro que trabaja con medios de comunicación europeos destacados. España recibió la clasificación de «confusa», con una baja calificación en cuanto a las políticas, lo que la dejó atrás de su vecino Portugal. La tabla de calificaciones encontró evidencia de lenguaje inclusivo en documentos normativos, pero esto no resonó en las declaraciones públicas de las autoridades sanitarias. De manera general, no quedó claro si las personas indocumentadas tenían el mismo acceso a la vacunación ni si era posible recibir una dosis sin un DNI.
Analizar las políticas públicas y la comunicación ha sido esencial para entender si aquellos que son más vulnerables han sido contabilizados. Francesca Pierigh, coordinadora de la investigación de Lighthouse, declaró que los esfuerzos de España se vieron obstaculizados por la falta de claridad. «A nivel nacional, las políticas y el idioma de estas fueron tan ambiguos y poco claros que dejaron un amplio margen para la interpretación. Cuando un país recibe la categoría de confusa, que incluye a España, quiere decir que no logramos clasificarlo o determinar si ha habido una inclusión o exclusión efectiva de los indocumentados».
El protocolo de vacunación español inicialmente priorizaba a las personas en un estado extremo de vulnerabilidad, incluyendo a quienes viven en hogares sobrepoblados, las personas sin hogar, y las personas inmunodeprimidas. Para algunas personas indocumentadas que no están registradas en el Sistema Nacional de Salud, conseguir cita para vacunarse ha representado un desafío. «Como no están registrados, el sistema no los llama de manera proactiva y no los vacuna», explicó Nieves Turienzo, presidenta de Médicos del Mundo, un organismo caritativo médico.
Una parte de la falta de claridad en torno al proceso de vacunación de los indocumentados en España surge de la variedad de criterios elegidos en las diversas regiones.
Las estrategias de algunas comunidades autónomas han tenido más éxito que otras. Las vacunas sin cita fueron muy eficaces para alcanzar a más personas, a diferencia de los sistemas que exigían solicitar cita. Por su parte, Médicos del Mundo ha estado trabajando en 14 comunidades, organizando a menudo campañas de vacunación en asociación con centros de salud. Algunas facilitaron políticas de puertas abiertas, permitiendo así que la gente pudiese vacunarse sin tarjeta sanitaria, pero la inmensa burocracia de otras comunidades ha dejado atrás a muchos. En Madrid, hay personas que aún esperan su primera dosis. Las dificultades para acceder a las dosis de refuerzo también son comunes, afirma Turienzo.
Elahi Fazle, director de la organización de base Valiente Bangla, ha pasado este último año ayudando a los migrantes indocumentados a acceder a la vacuna contra la covid-19. Según Fazle, las barreras del lenguaje son un problema significativo evocado por las personas a las que apoya, sobre todo porque el servicio en línea destinado a la solicitud de citas para la vacunación solo está en español. El acceso a internet es otro obstáculo considerable, ya que hay muchas personas que no pueden pagar por una conexión a internet y no están acostumbradas a navegar por los portales en línea. Desde el verano de 2021, la organización ha ayudado a 1400 personas a acceder a la vacuna, brindándoles asistencia para conseguir cita y acompañándolas cuando no hablan el idioma. Valiente Bangla también ofrece cursos de español para migrantes indocumentados.
El miedo también representa un gran obstáculo para muchas personas sin papeles. Aunque el análisis de Lighthouse le asignó a España una calificación positiva en términos de las garantías de privacidad para los indocumentados que intentan vacunarse, muchos permanecen reticentes a compartir su información personal, pues temen que esto pueda poner en peligro su estancia en el país. «Las personas le temen a la deportación porque han visto a otros vivirla. Algunos tardan años en lograr llegar a Europa, así que no lo arriesgarán todo para ir a un lugar donde se les pedirá información personal que pueda ser utilizada para localizarlos. Tienen miedo», declaró Turienzo.
Para algunos, esto significa vivir con un estigma. «A veces estoy en el bus y, como soy un inmigrante, puedo ver que cierta gente me mira con miedo, quizá pensando que soy un indocumentado o que todavía no me he vacunado», expresó Mohamed Eli, que ya regularizó su situación pero describe un proceso complicado de acceso a la vacunación.
En toda España, las organizaciones como Médicos del Mundo siguen trabajando con comunidades locales en un intento de facilitar el acceso a la vacunación. «Procuramos dar un poco la lata en cada una de las comunidades en las que nos encontramos», afirmó Turienzo. «Hay que darles un tironcito de orejas a quienes nos gobiernan».
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