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«Al principio pensé que nos estaban sometiendo a un experimento, no quería vacunarme», declara Katy. «Pero luego me di cuenta de que era necesario, para mí y para mi familia».
Nos encontramos en uno de los inmensos estudios de cine de Cinecittà, en las afueras de Roma, donde se realizaron varias de las películas más icónicas de Italia. En 2021, se convirtió en un centro de vacunación de covid-19. Así que Katy (nombre ficticio) no está aquí para una audición, sino para volver a una vida más normal. «No puedo esperar a obtener mi pase verde [el certificado de vacunación] y poder utilizar el transporte público de nuevo y buscar trabajo», expresa la peruana de cabello oscuro. Quiere escapar, aunque sea por unas cuantas horas, de los pasillos silenciosos y las habitaciones saturadas del asentamiento okupa en Via Sambuci, donde vive actualmente. Desde el inicio de la pandemia, ha estado confinada en un apartamento de 30m2 que comparte con sus tres hijos, su marido, su madre y su suegra.
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Pero Katy no existe ante el ministerio de sanidad o al menos no en cuanto a los datos utilizados para su vacunación. Como no contaba con documentos de residencia, consiguió cita para vacunarse mediante un código STP (straniero temporaneamente presente, «residente extranjero temporal»), un tipo de tarjeta sanitaria temporal válida por seis meses que debería garantizar un acceso universal a la asistencia sanitaria consagrada en la constitución italiana, incluso para los migrantes indocumentados, ya tengan una residencia de largo plazo o temporal.
En 2020, Katy dio a luz por tercera vez; en esta ocasión, en Italia. Esto le permitió obtener un permiso de residencia por motivos de maternidad y, con ello, un código tributario. Ese papel, de una validez de seis meses, es «el único documento que he tenido durante mis más de cuatro años en Italia», explica.
Cuando este permiso se venció, Katy perdió su estatus de inmigración pese a que sus dos hijos asistían a la escuela y tanto ella como su marido contaban con un empleo. No podía vacunarse sin un código STP, pero en la base de datos nacional de sanidad, su nombre seguía apareciendo bajo el código tributario que se le había proporcionado tras el nacimiento de su hijo. Los conjuntos de datos no coincidían entre sí. Se necesitaron cuatro meses de espera, de septiembre de 2021 a enero de 2022, y la intervención humanitaria de la organización Intersos para que Katy pudiese acceder finalmente a su certificado de vacunación.
En definitiva, Katy no es la única que está pasando por estas dificultades. Tanto trabajadores humanitarios como doctores y funcionarios públicos confirman que vacunarse ha sido y sigue siendo una carrera de obstáculos para los más de 500 000 extranjeros sin un estatus oficial en Italia (la Fondazione ISMU estima una cifra de 517 000 a la fecha de enero de 2020). Lo mismo aplica para obtener el certificado de vacunación, que ha sido un prerrequisito para acceder a diversos servicios básicos desde agosto de 2021.
La organización europea de periodismo investigativo Lighthouse Reports dedicó seis meses a la recopilación y el análisis de documentos públicos para evaluar la transparencia de las políticas gubernamentales, las garantías de privacidad y los requisitos de acceso a la vacunación para millones de individuos indocumentados en 18 países europeos.
Este informe categorizó la respuesta de Italia como «confusa» debido a la falta de datos, la ausencia de requisitos claros y vinculantes sobre la documentación necesaria para acceder a la vacunación, y la carencia de un presupuesto destinado a la vacunación de personas indocumentadas. Solo Portugal, los Países Bajos, Irlanda, Francia y el Reino Unido fueron considerados como «abiertos y accesibles» y solo Eslovaquia, Polonia y República Checa fueron categorizados como «cerrados y excluyentes».
«Las herramientas estaban presentes, pero o no se tuvo la voluntad de utilizarlas o las acciones se tomaron demasiado tarde»
Alessandro Verona, coordinador médico de la ONG Intersos
Según Alessandro Verona, coordinador médico de la ONG Intersos, que provee servicios médicos a personas como Katy que se ven excluidas del sistema nacional de sanidad, «las herramientas estaban presentes, pero o no se tuvo la voluntad de utilizarlas o las acciones se tomaron demasiado tarde». Verona cita un documento difundido ya desde 2020 por el instituto nacional para la salud, la migración y la pobreza, que forma parte del ministerio de sanidad. Este documento proveía pautas para la administración de las facilidades para las personas que estaban experimentando una marginalización socio-médica grave, pero Verona declara que estas fueron «ignoradas en gran medida».
No fue hasta finales de agosto de 2021, ocho meses después del inicio de la campaña de vacunación, que el comisario especial de la covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, escribió a las regiones y a las provincias para que insistieran en la vacunación de «las personas que están experimentando dificultades particulares o que no cuentan con la tarjeta sanitaria nacional» mediante el uso del STP, el código sanitario temporal para extranjeros indocumentados no pertenecientes a la UE. Incluso en ese momento, la carta no estableció criterios claros para acceder a las vacunas y a los certificados de vacunación.
«Necesitábamos un enfoque unificado, pero al final todo se colocó en las manos de las autoridades locales, lo que resultó en una mezcla de buenas prácticas y discriminación», explica Verona. Cree que la brecha entre las autoridades y los grupos ya marginalizados se acentuó por la ausencia de mediadores culturales en las facilidades de asistencia médica, sin olvidar las plataformas de reserva para la vacunación, a menudo complejas y disponibles únicamente en italiano.
Katy está lejos de ser la única entre sus vecinos okupas en haber pasado por esta experiencia. En 2020, Elizabeth, de 50 años y originaria de Ecuador, no logró renovar su permiso de residencia de trabajo debido a una cláusula de una ley de 2014 que impide a las personas registrarse si residen en un edificio ocupado de manera ilegal. La habitación diminuta donde había vivido durante ocho años ya no era reconocida como una vivienda. Así, Elizabeth se convirtió en una persona indocumentada a inicios de la pandemia pese a haber trabajado durante años como empleada de hogar, bartender y operaria de limpieza, y no logró renovar su permiso de residencia hasta diciembre de 2021.
Vacunarse en medio de este limbo burocrático le tomó meses y dos periodos de aislamiento por covid-19 que pasó en una habitación separada de quienes habían salido positivos. Los servicios locales de sanidad la rechazaron varias veces. Le dijeron que renovase su tarjeta sanitaria, pero esta estaba vinculada a su permiso de residencia, que todavía estaba en espera. Elizabeth recibió finalmente su primera dosis de la vacuna en octubre de 2021.
Esta larga espera ha sido experimentada por muchos de los 207 000 trabajadores extranjeros que solicitaron su regularización en 2020 bajo una amnistía que había sido declarada como un «logro histórico» por la ministra forestal y de agricultura, Teresa Bellanova. A inicios de noviembre de 2021, solo se habían emitido 27 000 permisos de un total de 70 000 solicitudes.
Lubomira, de 58 años y originaria de Ucrania, ha estado esperando por su permiso de residencia durante casi dos años. Vive en un distrito de clase media en Roma. En las tardes, trabaja como cuidadora para el dueño de la casa, de 81 años, y durante el día limpia otros apartamentos de la ciudad. Estos días pasa las noches hablando por teléfono con su hijo de 30 años, que todavía vive en Ucrania occidental.
No obstante, entre octubre e inicios de febrero estuvo efectivamente encerrada en su casa: «Las autoridades locales me dijeron que debía contar con un código tributario para vacunarme, pero no aceptaban el código temporal que me dio Hacienda cuando solicité la regulación de mi situación en 2020. Pese a ser técnicamente una migrante regular, como su solicitud del permiso de residencia todavía estaba siendo evaluada, no logró vacunarse hasta enero de 2022, mediante un código STP.
Paolo Parente, director de Roma 1, un servicio médico local que cubre un tercio de la población de la capital italiana, admite que «ha habido varios obstáculos, especialmente en cuanto a la emisión de certificados», pero atribuye esto parcialmente a la ausencia inicial de «directivas legales para vacunar a estas categorías de personas». Declara que Roma 1 superó estos obstáculos «al involucrar a organizaciones cívicas y abrir centros de vacunación para este propósito».
Para el 20 de febrero de 2022, 7125 personas con un código STP habían sido vacunadas en el área cubierta por Roma 1, pero no hay datos disponibles a nivel nacional. El ministerio de sanidad no ha respondido a las solicitudes de nuestra red de periodistas.
La región de Lombardía, que ha recibido el golpe más duro de la pandemia, tan solo ha vacunado a 33 000 personas con códigos STP. Las organizaciones que trabajan en esta región reportan una carencia de voluntad política de parte de las autoridades regionales. «Sin el sector cívico, no se habría vacunado a ningún migrante irregular en Lombardía, y ni hablar de la obtención de un pase verde», expresa Anna Spada de Naga, una organización de voluntariado que asiste a los extranjeros en situación irregular y a las personas sin hogar en Milán. «Hemos ayudado a gente que vive ya en los márgenes a superar obstáculos burocráticos absurdos».
